Este libro es fruto del proyecto de investigación DER2013-41956-P «La Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea y sus Estados Miembros», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y que también cuenta con fondos de la Unión Europea. La obra tiene por objeto el análisis del emergente marco normativo en el que confluyen tanto instrumentos adoptados por la Unión Europea por medio de sus instituciones cuanto por sus Estados miembros, desde la perspectiva de la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos teniendo en cuenta los pilares Proteger, Respetar, Remediar. El libro, en una primera parte, aborda la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por la Unión Europea, mediante el estudio de los elementos claves de dicho marco, de la implementación de los Principios Rectores en la acción exterior de la UE, así como de la implmentación de lo Principios Rectores en el ámbito específico de la protección de datos en la Unión Europea; en la segunda parte del libro se examinan la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos por los Estados miembros analizando los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos con especial referencia al Plan adoptado por el Gobierno de España, así como las medidas legislativas nacionales sobre esta materia ya vigentes en varios Estados miembros; en la tercera parte, finalmente, la obra trata de los remedios para los abusos corporativos de los derechos humanos, en los que se analizan la responsabilidad civil en la UE como vía de reparación de las víctimas así como la contribución de los Puntos Nacionales de Contacto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), poniendo de manifiesto el gran potencial que en términos pragmáticos y posibilistas ofrecen estos cauces de remediación para las vulneraciones de derechos humanos causadas por empresas domiciliadas o con sede en la Unión Europea.

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